La Presunción del SAT de operaciones inexistentes ocurre cuando la autoridad detecta que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes fiscales sin contar con los activos, el personal, la infraestructura o la capacidad material para prestar los servicios o producir los bienes que describe en sus documentos. Ahora, el SAT puede cruzar información de manera casi instantánea entre lo que una empresa declara, los movimientos en sus cuentas bancarias y su capacidad operativa real. Si detecta una inconsistencia, activa automáticamente un procedimiento de presunción bajo el artículo 69-B del Código Fiscal.
Implicaciones y riesgos para el contribuyente en 2026
Una de las actualizaciones más relevantes de este año es el fuerzo de las medidas preventivas. Una vez que el SAT lanza una presunción, el contribuyente afectado es incluido en una lista negra provisional. Si en un plazo de 15 días no se presentan pruebas contundentes de que la operación sí fue real, la presunción se vuelve definitiva, lo que invalida todas las facturas emitidas y deja sin efectos las deducciones de quienes las compraron.
Además, con la reforma de este año, se han agilizado los procesos de restricción temporal de sellos digitales. Esto significa que, ante la sospecha de operaciones simuladas, el SAT puede impedir que una empresa siga facturando de manera inmediata, bloqueando su operación comercial hasta que aclare su situación.
Cómo demostrar la materialidad de tus operaciones
La Reforma Fiscal exige demostrar la materialidad, es decir, la evidencia tangible de que el trabajo se hizo. Esto incluye bitácoras, fotografías de las entregas, correos electrónicos de coordinación, registros de entrada y salida de mercancía, e incluso pruebas de que el proveedor tenía las herramientas necesarias para cumplir con el contrato.
Es muy importante la revisión periódica de proveedores en las listas del SAT. Si un proveedor cae en la lista de «operaciones inexistentes», el cliente tiene un plazo muy breve para corregir su situación fiscal o demostrar que, en su caso particular, la compra sí fue legítima para evitar multas severas.
