Una auditoría fiscal por parte del SAT representa un procedimiento formal de revisión que busca verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente.
Esta auditoría puede ser provocada por inconsistencias en declaraciones, operaciones fuera de lo común, diferencias en los CFDI, entre otros motivos. Ante esta situación, no atender oportunamente una auditoría fiscal puede generar consecuencias legales y administrativas graves para los contribuyentes.
Cuando la autoridad fiscal notifica el inicio de una auditoría, generalmente lo hace mediante un oficio o requerimiento, ya sea de manera personal, por medio del buzón tributario o correo certificado. Ignorar este primer acercamiento o no proporcionar la documentación solicitada en tiempo y forma, no solo impide la defensa del contribuyente, sino que se considera como una negativa a colaborar con la autoridad.
La negativa a atender una auditoría impide al contribuyente aclarar supuestos errores u omisiones detectadas por el SAT, lo que conlleva una determinación fiscal en su contra. La ley permite que la autoridad fiscal realice una estimación indirecta de ingresos cuando el contribuyente no coopera.
Una de las consecuencias más comunes de no atender una auditoría fiscal es la imposición de multas que pueden ir desde el 55% hasta el 75% del monto no pagado. En algunos casos, la sanción puede alcanzar el 100% del impuesto omitido.
Por ello, el contribuyente pierde la oportunidad de autocorregirse durante el proceso de auditoría, lo que podría haber reducido significativamente las sanciones.
El artículo 73 del Código Fiscal de la Federación establece beneficios por la autocorrección fiscal, como la condonación parcial de multas si se regulariza la situación antes de que concluya la revisión.
Desaprovechar esta alternativa implica enfrentar la totalidad de las sanciones establecidas en la legislación.
En los casos más extremos, la falta de atención a una auditoría puede derivar en consecuencias penales.
Si la autoridad presume la comisión de delitos fiscales; como defraudación fiscal, uso de comprobantes modificados o simulación de operaciones, puede derivar en la apertura de una carpeta de investigación que conlleve medidas precautorias como el embargo de cuentas bancarias, bienes inmuebles o incluso órdenes de aprehensión.
Atender una asesoría fiscal no es más que una oportunidad para aclarar y regularizar situaciones fiscales.
Contar con el acompañamiento de asesores fiscales, la organización adecuada de la contabilidad, y una estrategia de defensa desde el inicio, puede marcar la diferencia entre un procedimiento controlado y uno que derive en consecuencias graves.
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