En México, las auditorías fiscales son realizadas por el Servicio de Administración Tributaria con el objetivo de verificar que los contribuyentes cumplan correctamente con sus obligaciones tributarias. Aunque el proceso puede variar ligeramente según el tipo de auditoría (revisión de gabinete, visita domiciliaria o revisión electrónica), generalmente, las etapas de una auditoría fiscal suelen ser las siguientes:
El SAT notifica al contribuyente sobre el inicio de la auditoría fiscal a través de medios como correo certificado, de forma personal o mediante el Buzón Tributario. En este oficio se detalla el tipo de auditoría, el periodo a revisar y los impuestos específicos que serán objeto de revisión y el plazo en días hábiles para presentar la información. Junto con la notificación, se entrega la “Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado”, un documento que explica las garantías y obligaciones del contribuyente durante el proceso.
En revisión de gabinete: El contribuyente debe presentar la contabilidad, documentos, datos o informes solicitados en las oficinas del SAT o a través del Buzón Tributario.
En visita domiciliaria: Los auditores acuden directamente al domicilio fiscal del contribuyente para revisar la contabilidad, bienes y mercancías. Se levantan actas parciales en las que se asientan los hechos y omisiones que se van detectando.
En revisión electrónica: Todo el procedimiento se realiza de manera digital a través del Buzón Tributario.
Los auditores revisan la documentación y la información proporcionada para verificar la veracidad y exactitud de las declaraciones y los pagos de impuestos. Se busca identificar posibles irregularidades, omisiones o incumplimientos con la normativa fiscal. Si se encuentran inconsistencias, el SAT emite un oficio de observaciones en el que detalla los hechos u omisiones detectados.
Una vez notificado el oficio de observaciones (o en el caso de visitas domiciliarias, entre la última acta parcial y el acta final), el contribuyente tiene un plazo (generalmente 20 días hábiles, con posible extensión) para:
La autoridad fiscal analiza las pruebas y argumentos presentados por el contribuyente. Si se aclaran las observaciones, se comunica la finalización de la auditoría. Si persisten las observaciones o no se presentaron pruebas suficientes, la autoridad emite una resolución definitiva en la que determina el crédito fiscal (impuestos omitidos, recargos, multas) a cargo del contribuyente. La autoridad tiene un plazo para dictar esta resolución (por ejemplo, hasta 6 meses después de la finalización de la visita domiciliaria).
En caso de no estar de acuerdo con la resolución del SAT, el contribuyente tiene derecho a interponer medios de defensa, como el recurso de revocación (ante la propia autoridad fiscal) o el juicio de nulidad (ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa). La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente puede actuar como mediador en el proceso a través de la solicitud de un Acuerdo Conclusivo, que permite al contribuyente y al SAT dialogar para resolver las diferencias y, en muchos casos, obtener la condonación de multas si se regulariza la situación.
Es fundamental que, durante todo el proceso, el contribuyente mantenga una comunicación activa y transparente con la autoridad fiscal, y en lo posible, cuente con la asesoría de un especialista fiscal o abogado para proteger sus derechos y garantizar un proceso adecuado.
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