La Identificación del Beneficiario Controlador se ha convertido en un requisito fundamental dentro de la normativa fiscal y corporativa. Este proceso busca transparentar quiénes son las personas físicas que, directa o indirectamente, obtienen beneficios o ejercen control sobre una persona moral, fideicomiso u otra figura jurídica.
A través de la identificación del Beneficiario Controlador, las autoridades fiscales y financieras tienen un mayor control y visibilidad sobre las operaciones, lo que contribuye a reforzar la integridad y la legalidad en el entorno empresarial.
El Beneficiario Controlador se define como aquella persona física que posee una participación sustancial en el capital o derechos de voto, o que ejerce influencia significativa en las decisiones de la entidad. Incluso en casos donde no exista un socio mayoritario, la normativa establece mecanismos para determinar quién cumple con las condiciones de control efectivo, garantizando así que siempre se identifique a una persona física responsable.
El CFF obliga a obtener, conservar como parte de la contabilidad y entregar al SAT, cuando lo solicite, información verificada, completa y actualizada sobre los beneficiarios controladores (arts. 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies). También exige llevar la contabilidad en un sistema electrónico (art. 28 fracc. III).
Además, la Resolución Miscelánea Fiscal, en la regla 2.1.8.21, establece que deben implementarse procedimientos de control internos, documentados, que sean razonables y necesarios para obtener y conservar esa información.
Según el CFF, las multas por no obtener, conservar, presentar, mantener actualizada o presentar de forma incompleta o incorrecta la información de los Beneficiarios Controladores circulan entre $562,250.00 y $2,249,000.00 por cada uno, según el caso (arts. 84-N y 84-M).
Dentro de este marco legal, se recomienda elaborar un manual con los procedimientos de control internos para identificar al Beneficiario Controlador y registrarlo correctamente en la contabilidad, lo que permite contar con evidencia documental y contable del cumplimiento de estas obligaciones.
