En México, la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo es una prioridad nacional. Para combatir estos delitos, se ha impuesto un marco normativo que establece diversas obligaciones a los contribuyentes que realizan actividades vulnerables. Estas actividades, por su naturaleza, puedan ser utilizadas para ocultar o disfrazar el origen ilícito de fondos.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como LFPIORPI, es el instrumento legal encargado de regular estas actividades. Esta ley establece un conjunto de medidas que deben implementar las personas físicas o morales que se dediquen a realizarlas, con el objetivo de identificar a sus clientes, conocer el origen de los fondos y reportar a las autoridades cualquier operación sospechosa.
Algunas actividades vulnerables son:
Las personas físicas o morales que realicen actividades vulnerables tienen diversas obligaciones, entre las que se encuentran:
El cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de actividades vulnerables es fundamental para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Las empresas que no cumplan con estas obligaciones se exponen a sanciones administrativas y penales.
Además, el cumplimiento de estas obligaciones contribuye a fortalecer la transparencia y la confianza en el sistema financiero, lo que a su vez beneficia a toda la sociedad.
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