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Convertir préstamos de accionistas o cuentas por pagar a proveedores en capital social omitiendo el dictamen emitido por un CPI expone a la empresa a que el SAT considere esa operación como un ingreso gravable.
Vender a una filial, prestar capital entre socios o compartir personal operativo son prácticas comunes en grupos empresariales, pero omitir su adecuada regulación fiscal puede generar el rechazo de deducciones ante el SAT.
Si alguno de los socios arrastra irregularidades ante el SAT, la nueva entidad quedará congelada comercialmente al no poder tramitar su RFC.
Cuando el SAT detecta inconsistencias en la deducción de CFDIs, inicia un procedimiento de aclaración con plazos estrictos.
La auditoría de estados financieros no solo previene contingencias ante el SAT, sino que otorga la certeza necesaria para asegurar financiamiento, proteger el patrimonio y sostener el crecimiento de la empresa.
La verificación del domicilio fiscal de manera presencial se ha convertido en uno de los filtros de fiscalización más estrictos de la autoridad tributaria mexicana.
Contar con un saldo a favor en el SAT representa un dilema financiero estratégico para la dirección de cualquier empresa: ¿conviene esperar el depósito en caja o aplicarlo contra otras gravámenes?
Perder una licitación clave o ver pausado el pago de un cliente corporativo por carecer de opinión de cumplimiento positiva es un escenario evitable.
El cumplimiento fiscal moderno dejó de ser la simple presentación puntual de declaraciones; hoy representa la gestión coordinada de los aspectos legales, comerciales y laborales de la empresa.
Las cartas invitación del SAT son comunicaciones preventivas generadas mediante análisis predictivo y automatización fiscal para alertar sobre inconsistencias en la facturación, retenciones o depósitos bancarios.
El dictamen en materia de seguridad social ante el IMSS es clave para garantizar el correcto cumplimiento de las obligaciones patronales.
No acreditar correctamente la materialidad de operaciones puede derivar en la no deducibilidad de gastos, el rechazo de acreditamientos de IVA e incluso sanciones mayores bajo el artículo 69-B del CFF.
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